Según la empresaria, al morir su padre debió enfrentar un a
taque jurídico dirigido por Rafael González, accionista minoritario de Riopaila-Castilla y su abogado Héctor Fabio Restrepo.
González, representando a las señoras María Antonia y María Cristina Garcés, tías de Alexandra Garcés, sostuvieron ante la Fiscalía 4 Seccional de Cali que dicho contrato no es auténtico y que Jorge Garcés y su yerno, el exministro Antonio Urdinola, lo usaron para embargar las cañas, cometiendo el delito de fraude procesal y falsedad en documento privado y público.
Sin embargo, durante muchos años el contrato respaldó la venta de caña por parte de Invercauca a todo el sector azucarero, sin que nadie pusiera en duda su autenticidad. A la muerte de Jorge Garcés en el 2009 comenzó la batalla jurídica por el cuestionamiento de dicho contrato.
En el transcurso del mismo, la empresaria Alexandra Garcés ha entregado a la justicia pruebas de que las hermanas de su padre, María Antonia y María Cristina, se lucraron del producido de las ventas de caña realizadas por Invercauca, desde el inicio del contrato en 1996.